El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propondrá que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conceda un amparo liso y llano a Juana Hilda González Lomelí y ordene su liberación inmediata, quien fue condenada a 78 años y nueve meses de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Hilda González fue detenida en 2006, luego de que la entonces Procuraduría General de la República la señaló partícipe en el crimen del 11 de julio de 2005.

En 2011 fue sentenciada por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

En el proyecto, que fue enlistado en los asuntos del próximo miércoles 11 de junio, el ministro sostiene que el Estado no logró demostrar que las confesiones que la quejosa rindió –los días 6 y 21 de febrero de 2006, cuando estaba retenida bajo la figura del arraigo– fueron obtenidas respetando su derecho absoluto a no ser sometida a tortura.

Por tanto, esa prueba debe invalidarse, así como cualquier otra que se hubiese obtenido con motivo de esta supuesta confesión. En este sentido, ninguno de los elementos probatorios obtenidos durante los cateos llevados a cabo el 14 de febrero de 2006 en el domicilio de la quejosa; el cateo que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2006 en el domicilio de su coimputada Brenda, o cualquier otro que se justifique con información obtenida mediante las confesiones obtenidas mediante tortura, señala el proyecto.

Testimonios limitados

Sin esas pruebas, explica el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, no hay elementos que acrediten de forma suficiente la culpabilidad de González Lomelí, ya que los únicos datos restantes provienen de testimonios de familiares, conocidos y trabajadores del empresario, los cuales se limitan a relatar sus actividades antes de desaparecer, el hallazgo de su vehículo y las llamadas que recibieron de los captores.

Estos indicios, concluye, sólo demuestran que ella y Wallace se conocían y que tuvieron contacto los días 3 y 8 de julio de 2005, así como una discusión que ocurrió la noche del 11 de julio en un departamento.

Tales circunstancias, se afirma, podrían generar sospechas, pero no alcanzan el nivel probatorio exigido para acreditar que Juana Hilda participó en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto.