Con una sobrexplotación del manto acuífero de 215 por ciento, inequidad en la distribución y una pérdida de 42 por ciento de agua en la red, el índice de seguridad hídrica de la capital del país, en una escala del 1 al 10, se ubica en 5.8, concluye un estudio realizado por investigadores de El Colegio de México (Colmex).

El documento titulado Evaluación integral de la política del agua potable de la Ciudad de México 2018-2024, señala que el índice en el acceso al derecho de ese recurso es de 6.6. La doctora Judith Domínguez Serrano, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex, comentó que el principal problema tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, pues no pudimos documentar que haya grandes acciones en ese sentido.

La coordinadora del trabajo explicó que establecieron dichos índices para determinar la gravedad del problema: le dimos una calificación de 1 al 10; todos podemos entender que si tenemos un 5, está reprobado, porque es como nos evalúan en la escuela.

Al presentar los resultados del estudio durante la mesa de diálogo Hacia la construcción de ciudades sostenibles, organizada por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, la especialista subrayó que la sobrexplotación del manto acuífero en 215 por ciento, reportada por el entonces Sistema de Aguas, es muy grave y preocupante en términos de sostenibilidad ambiental, pues se trata de la principal fuente de agua.

Otros problemas detectados es que no todos tenemos los mismos litros de agua en la ciudad, la pérdida del líquido en la red hidráulica, que habla de un problema de infraestructura vieja, y se suma la sequía de años recientes.

Pese a lo anterior, el documento rescata acciones gubernamentales como la captación pluvial en los hogares y escuelas o el suministro por medio pipas, que beneficia a zonas con escasez del recurso.

En este tema, Domínguez Serrano enfatizó que los programas para contar con agua de lluvia son parte de una estrategia de la Secretaría de Medio Ambiente local, y aquí empezamos a ver una desconexión, porque el Sacmex no sabía casi nada.

Por otro lado, también se logró restructurar la dependencia (ahora Secretaría de Gestión Integral del Agua), que cuenta con una plantilla de más de 13 mil trabajadores, logró hacer eficiente las tareas de los 244 funcionarios que toman decisiones, mientras el resto es personal operativo, donde hay problemas de envejecimiento y sindicatos que llegan quizás a obstruir algunas acciones o decisiones.

También se logró incrementar el presupuesto, pero muy moderado, y una mayor presencia en redes sociales que permitió la atención de problemas como las fugas.

La evaluación advierte que uno de los principales retos en la política pública en la materia es poner al agua en el centro de la planificación urbana, que sea más integral, coordinada con la ambiental y la de cambio climático.