l martes pasado visité la escuela judicial que se encuentra en un hermoso edificio que el Poder Judicial tiene en San Lázaro. Estuve primero en la biblioteca, donde la amabilidad de la directora y de la responsable de los libros, me permitió admirar un amplio recinto, con mucha luz y muchos títulos ordenados en los anaqueles, mesas y sillones cómodos para la lectura y para la consulta de los ejemplares. Me admiró también que había un inesperado y acogedor espacio especial para obras infantiles, con muebles especiales para que los pequeños lectores puedan escoger los que les gustan y leerlos o iluminarlos con crayones. Fue lo que más me gustó.
Terminada la breve visita a la biblioteca me condujeron al auditorio de la escuela donde se entregaron los reconocimientos a magistrados y jueces en reconocimiento a su carrera en el Poder Judicial federal.
En la mesa del estrado estábamos la presidenta de la Suprema Corte, al centro, dos ministros más y tres integrantes del Consejo de la Judicatura, uno ellos quien esto escribe.
Ahí fue todo distinto, tuve sólo cinco minutos para hablar y me costó trabajo hacerlo por los gritos y las interrupciones de algunos de los asistentes distribuidos especialmente al fondo del recinto. Es de justicia aclarar que los gritones que intentaron impedir mi intervención eran ruidosos, pero estaban en minoría. Pude decirles que la reforma judicial era necesaria y que fue una revolución que cambió de fondo a este tercer poder, anteriormente el único que no se elegía por voto popular y, por tanto, se mantenía como una isla aristocrática en un mar de democracia. No tuve entonces, por la gritería, oportunidad de hablar de la independencia judicial pero nunca es tarde para hacerlo.
Vamos por partes, los jueces resuelven conflictos entre partes y, por tanto, dan la razón a uno de los litigantes y se la niegan al otro. En los juicios, según las materias, hay actores y demandados, parte acusadora y defensora, quejosos y autoridades responsables, siempre partes
con puntos de vista encontrados.
El juez está al centro; debe ser imparcial, tiene que escuchar a los litigantes, atender sus argumentos y alegatos, valorar las pruebas que se le presentan y finalmente con imparcialidad dictar sentencia y decidir quién tiene la razón.
Tradicionalmente los integrantes de la Corte eran designados a propuesta del Ejecutivo y aprobados por el Legislativo; magistrados y jueces, ingresaban al Poder Judicial por nombramientos y en su carrera ascendían según méritos y según calificaciones en pruebas especiales; ahora todos serán electos.
Una crítica constante a la reforma ha sido que con el cambio perderán independencia para dictar sus resoluciones; no es así, por el contrario, la participación popular para alcanzar un cargo debe dar a quienes juzgan, total autonomía para resolver.
La independencia de un juzgador consiste en que, al tomar una decisión, lo pueda hacer de acuerdo con sus conocimientos y a su conciencia, sin que ninguna razón externa lo constriña.
Independiente es el juez al que nadie ni nada lo puede orillar a resolver en contra de su propia convicción. Dos causas muy poderosas son las que atentan contra la independencia. Una es el temor; un juez al que se le amenaza con un daño a él o a su familia no es independiente; tampoco lo es un juez que decide resolver en favor de quien lo compra ofreciéndole riquezas o prometiéndole ascensos.
Lo cierto es que el juez que decide ser independiente, lo es por encima de amenazas o de sobornos y un deber del sistema, muy pronto a través de Tribunal de Disciplina, debe evitar que se dicten sentencias forzadas o compradas. En los sistemas contrarios o distintos a la democracia hay más posibilidades y motivos para que los juzgadores pierdan independencia. El voto popular no cambia la situación de vulnerabilidad, pero sí contribuye con un elemento indiscutible: quien llega a un cargo por votos no tiene más compromisos que con el soberano que es el pueblo y con la justicia que es una de las virtudes cardinales, que, reitero, de ninguna manera puede ser contraria a la democracia; ambos conceptos están cerca del más amplio que es el de justicia social, en el fondo se trata de excluir privilegios que chocan lo mismo contra la justicia que contra la democracia.
El proyecto del 5 de febrero de 2024 fue una verdadera revolución, el proceso de aprobación abrió un debate nacional en el que se discutió ampliamente, sacó a muchos de su zona de confort y al final se culminó en una reforma de fondo que pone al Poder Judicial al mismo nivel que los otros poderes, que se basa en principios de igualdad y de justicia social y que se logró sin violencia y escuchando a todos los que quisieron opinar y mediante el voto de todos los que decidieron participar en las elecciones. Se ganó en justicia y se ganó en democracia, sin riesgo para la independencia de los juzgadores.
