La nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), bajo autorización judicial y supervisión del Ministerio Público, dará atribuciones a este cuerpo de seguridad en materia de operaciones encubiertas e intervención de telecomunicaciones e incluso le permitirá recabar información en lugares públicos y en fuentes de información e la sociedad para prevenir delitos, incluso los de carácter administrativo.

El proyecto de dictamen que será votado mañana por la Comisión de Justicia también prevé avalar que la GN pueda recurrir al uso de cualquier herramienta para generar inteligencia preventiva de delitos.

El documento, que ya fue circulado a los integrantes de esa comisión, justifica que con la reforma constitucional de septiembre pasado se incluyera a la Guardia Nacional como parte de la fuerza armada permanente, por lo que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional ejercer su control y operación.

Como parte de sus consideraciones, la comisión plantea admitir la propuesta del Ejecutivo para que los integrantes de la GN obtengan información en las calles, pero con respeto al derecho a la vida privada y los derechos humanos.

En este aspecto, y con el fin de respetar el debido proceso, se prevé que los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio.

En septiembre, el Congreso aprobó una iniciativa de reforma constitucional para regresar el control y operaciones de la Guardia Nacional al ejército y suprimir el mando civil que ejercía la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ahora se trata de regular esa reforma, y la comisión considera viable la expedición de una nueva ley para regular los principios, la organización, las atribuciones, la integración, las equivalencias jerárquicas, así como la coordinación de esta organización con las entidades federativas y autoridades municipales.

El proyecto incluye definir a la GN como fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, que podrá contar con el personal del ejército, fuerza aérea y de confianza de carácter civil que sea necesario, y que depende de la Defensa.

También propone que sea la dependencia responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a la Guardia Nacional, así como que ésta ejerza la función de seguridad pública a cargo de la Federación, y delimita su intervención en los estados a convenios para colaborar temporalmente con los gobiernos.