La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de una nueva ley de la Guardia Nacional, con la cual se cambia su carácter civil y sectorizada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a otra de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, bajo conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En un amplio debate sobre el dictamen –que se incorporará en el eventual periodo extraordinario de sesiones–, la oposición objetó que la nueva norma, así como los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dan a la Defensa el control operativo y administrativo de la Guardia, constituyen otro paso hacia la militarización.

En cambio, Morena defendió la iniciativa presidencial –recibida apenas el lunes de la semana pasada–; sostuvo que las actuaciones que la nueva ley concede a la Guardia Nacional para operaciones encubiertas, intervenciones telefónicas y recabar información de redes sociales estarán sujetas a control judicial. No hay militarización. Sólo se toma personal castrense para formarlo policialmente, justificó Leonel Godoy.

Las posturas de la oposición se enfocaron en la acumulación de atribuciones a las fuerzas armadas y el riesgo de que las operaciones de la Guardia Nacional tengan la supervisión de un nuevo Poder Judicial bajo el control del gobierno federal.

El priísta Emilio Suárez definió el nuevo marco legal como “una amenaza a la patria… que atenta contra las libertades de los mexicanos y nos conduce a una dictadura”.

En contraste, Ricardo Mejía Berdeja (PT), presidente de la Comisión Anticorrupción, manifestó que ante el poder de la delincuencia organizada, la respuesta no puede ser débil, fragmentada o ineficaz.

Precisó que la adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa garantiza que no se corrompa como las extintas Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de (Genaro) García Luna.

Mary Carmen Bernal, su compañera de bancada, insistió en el rechazo a que el nuevo marco legal y la reforma a ocho códigos y leyes relacionadas con la actuación de las fuerzas armadas impliquen militarización.

Es una institución con fuerza, que requiere adiestramiento fuerte y riguroso como el militar, pero que también cuente con formación policial, porque va a tener contacto con la ciudadanía, señaló. Sus elementos, añadió, no serán propiamente militares, y refirió que los artículos 16 y 21 constitucionales prevén los mecanismos de control a su actuación.

La panista Paulina Rubio insistió en que “la nueva integración de la Corte no frenará la inconstitucionalidad de esta reforma; dicen que la intervención de comunicaciones tendrá control del Poder Judicial, que hoy está en manos de ustedes. La concentración de poder a la Defensa no la van a parar ni siquiera ustedes… este monstruo de mil cabezas los va a alcanzar”.

El dictamen se aprobó con 22 votos de Morena y sus aliados, siete en contra de PAN y PRI, mientras MC recurrió otra vez a la abstención.