La ministra Lenia Batres Guadarrama impidió ayer el quórum de la sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues se ausentó intencionalmente para frenar la discusión de un asunto que, afirma, favorecerá a Pegaso PCS, SA de CV (razón social de Movistar) con una deducción fiscal de más de 4 mil 442 millones de pesos.

Tomé la decisión de no acudir ante la insistencia de votar asuntos fiscales de altísimo costo para la hacienda pública. Y el próximo martes estaré proponiendo que todos los asuntos fiscales se voten en el pleno mismo, de manera transparente y no a oscuras en sesiones privadas de las salas, que desaparecerán el 1º de septiembre, expresó en una tarjeta informativa.

El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó un crédito fiscal a Movistar por 4 mil 442 millones 423 mil 90 pesos, por concepto de amortización de gastos diferidos del ejercicio 2014. En 2022, el pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó esa resolución.

La empresa impugnó y en enero de 2023 el octavo tribunal colegiado administrativo ordenó anular el crédito. El SAT recurrió a la SCJN, que admitió el caso como el amparo directo en revisión 1172/2025. Movistar interpuso a su vez el recurso de reclamación 158/2025, que sería votado ayer.

Según Batres, el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek propone declarar fundado el recurso de Movistar y desechar el amparo del SAT, lo que permitiría la millonaria deducción.

La empresa sostiene que el impuesto cobrado provino de otra firma del mismo grupo con la que se fusionó, y que ya no recibió ingresos del contrato vinculado, por lo que debía descontarse ese monto. No obstante, conservó la concesión asociada al contrato, la cual siguió generando ingresos.

El proyecto de Laynez Potisek propone no entrar al fondo del asunto, pues afirma que no hay tema de constitucionalidad. Por tanto, sugiere desecharlo, ignorando que el artículo 31 de la Constitución establece que todos deben contribuir al gasto público, criticó Batres.