El Congreso capitalino aprobó en comisiones el proyecto de dictamen a la iniciativa que establece como una obligación del Gobierno de la Ciudad de México promover la implementación de medidas y políticas públicas orientadas a eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres, tanto en el sector público como en el privado.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Legislativo, Cecilia Vadillo Obregón (Morena), explicó que con la modificación a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres que se plantea en el dictamen, se busca atender y corregir prácticas que históricamente han reproducido la discriminación salarial.

Refirió, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 85.

En el dictamen, se define como brecha salarial de género la diferencia de la retribución salarial entre mujeres y hombres derivada de razones de género, respecto de la realización de un trabajo remunerado de igual valor.

Incorpora, además, el concepto de igualdad salarial como la remuneración igual por un trabajo de igual valor, sin distinción de sexo, género, identidad de género, origen étnico, condición, discapacidades, social, económica, de salud o jurídica, entre otras.

La reforma mandata, además, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, que suscriba convenios a través de la Secretaría de las Mujeres para la elaboración e integración de políticas e iniciativas de participación igualitaria de mujeres y hombres en la toma de decisiones; en los ámbitos familiar, social, laboral, político, deportivo, cultural y civil, tanto públicos como privados, así como en las actividades de cuidados.

Vadillo Obregón añadió que la reforma en cuestión es un acto de justicia y una condición indispensable para avanzar hacia una igualdad sustantiva plena al establecer con mayor claridad las atribuciones específicas que deben asumir las instituciones públicas para el cumplimiento de sus fines, y se insertan en una etapa crucial de transformación de la vida pública de nuestro país, donde el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha dejado de ser una aspiración secundaria para convertirse en una prioridad del Estado.