Madrid. Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ingresaron en la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el ministerio de Transportes y las oficinas del ente público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con el objetivo de recabar información y pruebas relacionadas con la investigación abierta contra Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido y operador político cercano al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

La operación fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien además consideró ampliar la investigación e imputación contra la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a quien ubicó en el centro de una presunta trama de adjudicación irregular de obras públicas a cambio de comisiones ilegales.

El operativo dejó una de las imágenes más delicadas para el gobierno socialista y la izquierda progresista española: el registro de la sede central del PSOE, donde los agentes se concentraron en la antigua oficina de Cerdán, con el fin de copiar y analizar sus correos personales.

Durante la diligencia, la dirección del partido se mostró dispuesta a colaborar y no presentó impedimentos.

En busca de pruebas

El registro en la sede del PSOE duró algo más de tres horas, al igual que el realizado en el ministerio de Transportes, las instalaciones de Adif y la Dirección General de Carreteras, donde se buscó información vinculada a su ex titular y también del antiguo secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, como cuentas bancarias, productos financieros, bienes inmuebles y vehículos que sean propiedad de todos los imputados, es decir, explicaron, cualquier elemento relacionado con su situación patrimonial.

En el auto judicial, el juez Puente sostuvo que hay indicios consistentes de un presunto delito por parte de la ex presidenta del Administrador de Infraestructura Ferroviaria, y del antiguo director general de Carreteras, Javier Herrero, aunque precisó que esa parte de la investigación debe ser asumida por la Audiencia Nacional, órgano competente para este tipo de delitos. La causa abierta en el Supremo contra Ábalos corresponde a su condición de aforado como diputado del Parlamento español.