Oaxaca, Oax., El juzgado octavo de distrito emitió en mayo un amparo a favor de la comunidad LGBT+, en el que se ordena al Congreso y a la administración morenista de Salomón Jara integrar una partida para atender las necesidades de este sector de la población en la Ley del Presupuesto de Egresos 2026; sin embargo, el gobierno estatal autodenominado humanista presentó un recurso de apelación, denunciaron activistas por los derechos de ese grupo.

En conferencia, informaron que desde el comienzo de la administración buscaron un acercamiento, pues este sector así como otros tienen distintas necesidades que deben ser tomadas en cuenta y atendidas, pero no hubo respuesta.

Por ello, en febrero tramitaron el amparo para obligar al gobierno estatal a destinar recursos públicos, pues consideran que sus derechos no están protegidos.

En su respuesta, la administración oaxaqueña aseguró que los derechos y necesidades de este grupo eran atendidos con los del resto de la población. Ante ello, los activistas refirieron que esto es sólo un pretexto, pues no todos los sectores son iguales.

Explicaron que el fallo a favor fue emitido el 27 de mayo, al gobierno de Jara y al órgano legislativo les dieron 10 días hábiles para responder; sin embargo, el estado un día antes del plazo presentó un recurso de apelación. Mientras, el Congreso, controlado también por Morena, contestó dos días después de la fecha límite.

Los denunciantes señalaron que estas actitudes sólo demuestra la falta de empatía, pero sobre todo que la comunidad LGBT+ no es prioridad ni está en la agenda de Salomón Jara, pues en lugar de aceptar el recurso y trabajar para incluir al grupo en el presupuesto, prefieren ignorar las necesidades de este sector vulnerable.

Indicaron que entre los requerimientos se encuentra el acceso a sicoterapia y otras formas de atención a la salud mental con especialistas que no discriminen ni violenten, así como las consultas con endocrinólogos que prescriban medicación con hormonas, ademas del otorgamiento de los fármacos respectivos, atención sin estigma y digna sobre VIH y otras enfermedades sexualesy su tratamiento.

Consideraron que se requieren alternativas de terminación de estudios, en materia de trabajo, cupo laboral en el servicio público y garantizar contratación y condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias”.

Sin embargo, señalaron que aun cuando el recurso interpuesto por el gobierno se deseche, el juez no especificó el monto o porcentaje de dinero público que se debe asignar.