La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recortó de 30 a 18 los asuntos que discutirá en la recta final de la actual integración del pleno. Entre los temas retirados están la prisión preventiva oficiosa, el arraigo y las impugnaciones a la Ley Minera y la Ley General de Comunicación Social, asuntos que quedarían en manos de los nueve nuevos ministros, que entrarán en funciones el 1º de septiembre.

Aunque los asuntos podrían ser reincorporados a la agenda, al pleno actual, encabezado por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, sólo le restan cinco sesiones, la última programada para el 12 de agosto.

Entre los proyectos que salieron está el de la ministra Margarita Ríos Farjat, que desde hace un año busca resolver si los jueces deben aplicar de manera automática la prisión preventiva oficiosa o si pueden valorar su procedencia según el mandato constitucional.

Otro pendiente es el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el que la Corte deberá definir cómo deben actuar los jueces federales para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro contra México, particularmente sobre el control de convencionalidad frente al arraigo y la prisión preventiva automática.

También quedó fuera el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre la acción de inconstitucionalidad contra la reforma de 2022 a la Ley Minera que declaró al litio como mineral estratégico y reservado al Estado. Relacionado con éste, el ministro Alberto Pérez Dayán tiene listo otro, que analiza reformas ambientales y mineras de 2023.

Finalmente, también quedaría en el archivo el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la solicitud de declaratoria general de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social de 2018.