Puebla, Pue., El estado de Puebla ocupa el quinto lugar en ciberdelitos y el Congreso local actuó de manera contundente con la aprobación de la Ley de ciberasedio, argumentó el gobernador Alejandro Armenta Mier al respaldar la reforma al Código Penal, la cual, dijo, no violenta ni censura la noble profesión de los periodistas. Destacó que con esta medida la entidad se coloca a la vanguardia nacional en la materia.

Tras presidir un acto público, el mandatario morenista expuso que el mapa de ciberdelitos ubica a los estados del área metropolitana del país en los primeros lugares en la comisión de este tipo de ilícitos. En entrevista, apuntó que este problema implicaba actuar de manera contundente como lo hicieron los legisladores poblanos.

Negó que las reformas al Código Penal de Puebla restrinjan los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos y de los periodistas en la entidad.

Por el contrario, arguyó que el estado busca proteger a niños, mujeres y la identidad, pues con los ciberdelitos cualquier individuo puede robar y manipular el sistema financiero de otras personas y por consiguiente su actividad económica.

Los procedimientos de tecnología permiten proteger a los empresarios y evita la corrupción de menores, la trata de personas, que es lo que más nos ocupa, insistió.

Entre las reformas penales se incorpora el artículo 480, el cual estipula: comete el delito de ciberasedio quien con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.

Armenta Mier felicitó al Congreso local y dijo que una ley que empieza puede tener el procedimiento de determinación inmediata y, una vez que se apruebe, puede haber foros para explicar el impacto y los beneficios.

Enfatizó que en su experiencia como diputado local y federal, así como senador, el espíritu de los legisladores no es buscar una limitación a las libertades y sí fortalecer el marco jurídico para garantizar el estado de derecho.