El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que el Instituto Nacional de Migración (INM) fue responsable en la retención irregular de un migrante salvadoreño y ordenó el pago de una indemnización, así como garantizar atención sicológica.

Trabajadores sindicalizados de Liconsa alcanzaron ayer acuerdos con la empresa estatal para obtener mejoras salariales y de condiciones laborales tras realizar una serie de manifestaciones frente a las instalaciones centrales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la Ciudad de México, que incluyeron bloqueos viales sobre avenida Cuauhtémoc.

Una semana después de haber concluido los cómputos distritales de las elecciones del Poder Judicial y tras la entrega de constancias de mayoría a ministros y magistrados electorales por parte del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acumula más de 135 impugnaciones, las cuales deberán resolverse en el pleno de la sala superior antes del 31 de agosto.

En Ginebra, Suiza, durante el décimo Informe de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Secretaría de las Mujeres aseguró que gracias a una respuesta institucional coordinada y articulada se ha presentado una baja en los feminicidios.

La Secretaría de la Defensa Nacional notificó a un juez federal que del 27 de mayo al 6 de junio localizó y destruyó 18 artefactos explosivos improvisados en diversas localidades de Michoacán, presuntamente sembrados por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta acción se suma a la desactivación de 28 minas clandestinas en mayo. Las labores derivan de la suspensión definitiva que otorgó el juez Sergio Santamaría Chamú, titular del juzgado primero de distrito en Michoacán, tras la demanda de pobladores que acusaron omisión de autoridades federales para detectar minas colocadas por el crimen organizado. El jefe del Estado Mayor de la 21 Zona Militar indicó que las comunidades de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, en Buenavista Tomatlán, no están bajo su jurisdicción, sino de la 43 Zona Militar en Apatzingán. No obstante, aseguró contar con personal capacitado para desactivar explosivos dentro de su área. El juez advirtió que estas minas terrestres representan un riesgo latente de muerte o mutilación para los habitantes de estas comunidades y zonas aledañas. Ordenó a la Defensa implementar medidas eficaces que garanticen los derechos humanos de los pobladores y eviten desplazamientos forzados como los registrados en Aguililla, donde mujeres abandonaron sus hogares por temor a perder la vida.

Organizaciones civiles propusieron un esquema de impuestos saludables aplicable a bebidas alcohólicas, tabaco y alimentos ultraprocesados asociados con las principales causas de muerte en el país.

Efectivos del Ejército detuvieron en Tijuana, Baja California, a Pablo Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, identificado por las autoridades como el operador principal del cártel de los Arellano Félix, quien maniobraba desde hace meses en sociedad con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para mantener el control de Tijuana y no ceder terreno al cártel de Sinaloa.

Tras recibir nuevamente a colectivos de personas buscadoras, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo que la armonización de la ley en la materia “no será legítima si no nace del conocimiento y del sentir de quienes han hecho de la búsqueda una forma de resistencia y de vida.