on la apertura económica y la adopción del modelo neoliberal en los años 80, México dejó de concebir el conocimiento como herramienta del desarrollo productivo. La nueva planta industrial se configuró bajo control extranjero, con empresas trasnacionales que conservaron sus centros de investigación en los países de origen. No necesitaron del conocimiento generado localmente. En ese contexto, contar con un aparato científico nacional vinculado al aparato productivo dejó de ser necesario.

Desde entonces, ciencia, tecnología, industria y pensamiento social siguieron caminos separados. Mientras la estructura productiva se subordinaba a cadenas globales de bajo valor agregado, el sistema científico se replegó hacia la academia. El Conacyt concentró sus esfuerzos en formar doctores, financiar posgrados y evaluar artículos indexados. Y las ciencias sociales, atrapadas en circuitos teóricos importados, abandonaron toda aspiración de orientar un proyecto nacional. Cuatro décadas después, la paradoja es evidente: México genera conocimiento que su economía no puede aprovechar.

Desde la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984, la política científica giró en torno al reconocimiento externo. La ciencia se volvió una carrera individualista, enfocada en publicaciones especializadas, no en resolver problemas públicos. Al mismo tiempo, las universidades y centros de investigación se cerraron sobre sí mismos, amparados en una noción de autonomía desvinculada del interés nacional. La excelencia funcionó como escudo contra cualquier transformación. Emergió así una élite académica dorada, financiada por el Estado, pero alejada de las necesidades del país.

Muchas disciplinas, especialmente en las ciencias básicas, operan hoy sin conexión alguna con el aparato productivo. En las ciencias sociales, el panorama es aún más grave: domina un colonialismo intelectual que impide la construcción de agendas propias, subordinando la colaboración internacional a intereses ajenos al desarrollo nacional. No se trata sólo de enfoques teóricos: en cuatro décadas, las ciencias sociales mexicanas han sido incapaces de proponer una política de planificación, un modelo de reindustrialización o una alternativa coherente de proyecto nacional. Sin pensamiento social articulado al interés público, la política científica corre el riesgo de volverse tecnocrática o vacía de sentido nacional.

El SNI ha crecido de forma vertiginosa –de mil 396 miembros en 1984 a más de 46 mil en 2025–, pero sin reflejarse en el desarrollo humano o la innovación tecnológica. Aunque hay aportes relevantes, el sistema funciona como una maquinaria simbólica que legitima privilegios. Basta con publicar en revistas de circulación restringida –aunque nadie las lea en el país– para mantener los estímulos. En esta lógica, el SNI opera como un programa de transferencias sin evaluación colectiva.

La formación científica se ha vuelto un ciclo cerrado: produce doctores que no tienen dónde insertarse, más allá de universidades públicas ya saturadas. En lugar de integrarse al aparato productivo, el talento circula dentro del propio sistema, sin romper su inercia. El riesgo es evidente: convertir la ciencia en simulacro de legitimidad, sin impacto real.

Si esta tendencia continúa, podríamos enfrentar una paradoja mayor: más investigadores compitiendo por estímulos que ingenieros resolviendo problemas industriales. No se trata de un exceso de científicos, sino de la ausencia de un proyecto de nación que los articule al desarrollo. Mientras, la industria manufacturera –controlada por capital extranjero– opera sin relación con el conocimiento local, profundizando la desconexión entre ciencia, educación y producción.

México no necesita simplemente más doctores o más ingenieros. Necesita un proyecto de desarrollo que los requiera, los articule y los valore. Sin una política industrial soberana que impulse la innovación local, cualquier esfuerzo por formar talento seguirá cayendo en el vacío.

Frente a este escenario, el gobierno de la Cuarta Transformación representó un parteaguas. Por primera vez en décadas, se impulsó un esfuerzo serio por reorientar la política científica hacia el bienestar colectivo. El Conahcyt –con una intención renovadora y objetivos ambiciosos, aunque sin una estrategia plenamente consolidada– buscó restructurar los centros públicos de investigación, reformar el SNI, reordenar las prioridades del sistema y corregir prácticas discrecionales en el uso de recursos públicos. Este intento por vincular el conocimiento con el interés nacional y cerrar espacios a los abusos presupuestales enfrentó resistencias significativas: desde estructuras burocráticas consolidadas y sectores académicos reacios al cambio, hasta decisiones del Poder Judicial que impidieron establecer responsabilidades por el uso indebido de fondos públicos. En algunos casos, quienes fueron señalados por estas prácticas regresaron a ocupar posiciones de influencia dentro del sistema. Estas resistencias limitaron el alcance del proyecto e impidieron una transformación más profunda y sostenida.

La transformación del Conahcyt en Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) puso en evidencia el conflicto entre dos proyectos de desarrollo científico: uno con vocación popular, orientado al bienestar colectivo; y otro aferrado a beneficios corporativos y a criterios autorreferenciales. Aunque el discurso reformador se ha sostenido, el impulso original ha enfrentado los límites de una institucionalidad marcada por inercias profundas. La lógica de la administración pública, con sus tiempos, resistencias y mecanismos de operación, ha terminado por influir en la implementación del nuevo modelo científico. En lugar de consolidar una ruptura estructural, se observa una tendencia a normalizar los cambios dentro de los marcos existentes, lo que ha debilitado el horizonte transformador planteado inicialmente.

Mientras, México sigue formando generaciones de especialistas sin destino. Urge reconstruir el vínculo entre ciencia, Estado e industria. Pero debe quedar claro: la Secretaría de Ciencia no basta. Su función es reorganizar el sistema y desmontar los privilegios de las élites académicas, pero si el Estado no interviene para reindustrializar el país, el talento seguirá siendo irrelevante.

El conocimiento no se traduce en bienestar si no hay un aparato productivo nacional que lo demande. Sólo una política científica soberana, respaldada por una política industrial firme, podrá poner el conocimiento al servicio del país y consolidar el horizonte transformador que la Cuarta Transformación apenas comenzó a trazar, pero que sigue esperando ser profundizado.

* Director del CIDE